A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El 25 de noviembre de cada año, desde que fuera declarado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres por Naciones Unidas, esta se constituye en una fecha para reflexionar sobre un tema que exige no solo nuestra atención, sino también nuestra acción: la lucha por la no violencia contra las mujeres. Este no es un asunto que concierne a unas pocas personas, ni a un solo sector; es una problemática que atraviesa nuestras sociedades, culturas y generaciones. Es, en definitiva, una cuestión de derechos humanos.

La violencia contra las mujeres, en sus múltiples formas, representa una de las violaciones más extendidas de los derechos fundamentales. Según las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual en su vida, y cada día 140 mujeres y niñas son asesinadas por sus parejas o familiares, lo que equivale a un feminicidio cada 10 minutos. Además, siempre hay que recordar que esto no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un impacto social y económico que perjudica el desarrollo de nuestras comunidades, de las familias y la sociedad en su conjunto.

Al hablar de la no violencia contra las mujeres, estamos hablando de la necesidad de garantizar y respetar los derechos de más de la mitad de la población mundial, estamos hablando, por tanto, de mujeres tienen derecho a vivir libres de miedo, abuso y discriminación, con derecho a la igualdad de oportunidades, a la educación, al trabajo digno y a participar plenamente en la vida política, económica y cultural de sus sociedades.

Reconocer estos derechos no es suficiente, es necesario actuar y tener presente que la igualdad no será una realidad mientras permitamos que las estructuras de poder y las normas culturales perpetúen la discriminación y la violencia. En este sentido, es importante recalcar que la erradicación de la violencia contra las mujeres no es solo una responsabilidad de los gobiernos; es una responsabilidad colectiva que implica a todas las personas, instituciones y comunidades.

En este contexto, las universidades tienen un rol clave ya que como instituciones son espacios donde se forman no solo profesionales, sino también ciudadanos y ciudadanas con pensamiento crítico y comprometidos con la justicia social. Por lo tanto, las universidades deben asumir un liderazgo activo en la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.

Primero, las universidades deben garantizar entornos seguros para las mujeres, lo que  implica establecer políticas institucionales claras contra el acoso sexual y sexista, contra la violencia, así como crear mecanismos y sistemas de denuncia eficaces y confidenciales para las estudiantes, docentes y personal administrativo.

En segundo lugar, las universidades tienen la capacidad de influir en la sociedad a través de la educación, por ejemplo, integrando la perspectiva de género en sus currículos, fomentar investigaciones que analicen las causas y las soluciones a la violencia de género, servir de espacios para el activismo y la sensibilización, organizar campañas, foros y talleres sobre la no violencia contra las mujeres; también creando redes de apoyo y acción entre estudiantes, profesores/as y personal administrativo.

Enfrentar la violencia contra las mujeres requiere, por tanto, de una transformación cultural profunda, que inicia con el hecho de cuestionar y cambiar las narrativas que normalizan la violencia o que justifican el control sobre las mujeres en sus diversas formas. En este sentido, requiere que cada persona asuma una responsabilidad en la eliminación de toda forma de discriminación, desde nuestras familias, comunidades, lugares de trabajo y, también de nuestras universidades.

Hoy, reafirmo mi compromiso de trabajar incansablemente para impulsar políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres en nuestra Universidad, y que a partir de éstas se pongan en práctica mecanismos de prevención, atención y monitoreo de acciones encaminadas a mejores oportunidades para la vigencia de los derechos de las mujeres.

Invito a la comunidad Udelista, sus estudiantes, docentes y personal administrativo a trabajar de manera conjunta para construir una comunidad universitaria donde la igualdad de género sea la norma y la violencia contra las mujeres sea erradicada de nuestras familias y la sociedad en general. Estoy convencida que el cambio comienza con la educación, y que las universidades, tienen el poder de liderar este cambio.

Dra. Nicolasa Terreros Barrios

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